Artículo
(Fecha: 10/10/2002)
-( Los precios de los servicios celulares han bajado en términos reales )-
CON LAS TARIFAS, AL FONDO
Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley, y director LECG, LLC
[ P ]Con esta recesión, ningún operador va a tratar de aumentar fuertemente
las tarifas
** Nota **El requerimiento del FMI para que el Gobierno comience a negociar seriamente el asunto tarifas con las empresas de servicios públicos tomó de sorpresa al presidente Duhalde y a su nuevo secretario general, José Pampuro. Sin embargo, a esta altura del partido esa sorpresa no sorprende a nadie. Las medidas tomadas por el Gobierno hasta ahora han sido mecanismos para demorar –o impedir– el reajuste de las tarifas. Es hora de pensar en soluciones alternativas como la liberalización total de los precios de los servicios públicos.
En enero de 2002, el presidente Duhalde firmó la Ley 25.561, la que aparte de eliminar la convertibilidad y devaluar el peso, determinó el congelamiento tarifario de los servicios públicos. Asimismo, la ley mandó renegociar los contratos de concesión. Dado que la ley le otorgaba demasiada libertad en la renegociación, Duhalde dictó el Decreto 293/02, por el cual no sólo creó una comisión de renegociación de los contratos, sino que le encomendó procedimientos que aseguraron su fracaso.
El esquema planteado por el Gobierno fue: a) el Ministerio de Economía debía discutir propuestas de renegociación de los contratos con los operadores; b) las propuestas debían ser elevadas en un plazo de cuatro meses al Poder Ejecutivo; c) una vez elevadas, el Ministerio debía llamar a audiencias públicas para obtener la opinión de las asociaciones de consumidores; d) una vez concretadas las propuestas de renegociación, el Poder Ejecutivo daría participación a la Comisión Bicameral de seguimiento creada por la Ley de Emergencia y, recién entonces, e) se concretaría el procedimiento de renegociación. Este procedimiento fue diseñado con la mejor intención de no hacer nada. El Gobierno hizo la regla, hizo la trampa y, por arte de no tanta magia, la Justicia lo salvó de su propia trampa.
La actitud reacia del Gobierno a ajustar las tarifas tiene altos riesgos. Por un lado, las empresas tienen a su disposición acciones legales que les pueden costar muy caro al Estado, teniendo en cuenta que se rompió en forma unilateral con contratos firmados. Por otro lado, el mantenimiento del congelamiento tarifario frente a una inflación de más del 50% y devaluación del 300% atenta directamente contra la provisión de los servicios públicos.
Unos meses atrás, el Gobierno recalcó que los ingresos de los operadores de servicios públicos cubren sus costos operativos, por lo que la provisión de servicios no está comprometida. Este análisis estaba basado en que las empresas de servicios públicos normalmente tienen un colchón de alrededor del 30% sobre las ventas, compuesto de depreciación más pagos de intereses. Por lo tanto, con un nivel de inflación menor al 30-40%, si bien las empresas no pagan sus deudas, no dejan de mantener u otorgar el servicio. Este análisis, sin embargo, tiene errores graves. En primer lugar, para empresas endeudadas en el exterior, el pago de intereses se triplicó, ocupando fácilmente el 30% de sus ventas. En segundo lugar, las empresas sufrieron bajas en el consumo de cerca del 10%. En tercer lugar, para muchas de las empresas, los costos de mantenimiento tienen un alto componente importado, por lo que sus costos aumentan mucho más que al ritmo de la inflación doméstica.
Lo que sí es factible es liberalizar los precios de los servicios públicos. En medio de una recesión sin igual, ningún operador va a tratar de aumentar fuertemente sus tarifas. El ejemplo de las líneas aéreas es particularmente interesante. Sin la ayuda cartelizante del Estado que les llegó el mes pasado en la forma de precios mínimos de referencia, los pasajes domésticos de las empresas aéreas seguirían bajando en términos reales. De manera similar, los precios de los servicios celulares han bajado en términos reales.
Si bien esos servicios son otorgados en competencia efectiva, ése es el caso también en varios servicios públicos. En telefonía, distribución de electricidad y gas, correos, obras viales y transporte, existe ya no sólo el potencial de competencia, sino en muchos de estos casos, competencia efectiva.
Es hora, por lo tanto, de negociar la liberalización de las tarifas de servicios públicos. Para ello, es necesario, por un lado, eliminar barreras artificiales a la entrada en aquellos segmentos en que la competencia no haya llegado aún, y por otro, mantener la ecuación financiera de las concesionarias evitando más rompimientos de contratos. Esta medida, si bien drástica, dará una clara señal tanto a los mercados como al FMI de que en realidad ya se ha tocado fondo y se está en el camino de la recuperación, tanto económica como institucional
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